ABC, 16-11-09. El matadero va camino del ídem. Parece una paradoja, pero es el triste destino que depara a las instalaciones municipales tres años y medio después de reabrir sus puertas tras una completa reforma. Tras una sonada polémica al descubrirse que quien lo gestionaba en 2003 tenía a siete rumanos malviviendo allí, el Ayuntamiento se gastó 384.000 euros en reformar el complejo y dotarlo de las últimas tecnologías para el sacrificio de animales.

A mediados de abril venció el arrendamiento que tenía la firma Suministradora Bética Alimentaria desde 2006, tras no ponerse de acuerdo con la sociedad gestora, Mercacórdoba, para prorrogar el contrato.

Desde entonces, el matadero está cerrado a cal y canto. Pero lo peor es que hay pocas perspectivas de que vuelva la actividad a las instalaciones de Campo Madre de Dios. El pasado verano, la sociedad que abastece a los comercios minoristas convocó un concurso para adjudicar la explotación. Nadie se presentó. Según explicó a ABC la presidenta de Mercacórdoba, María Ángeles Luna, se han tanteado a otras empresas del sector, pero de momento nadie quiere la cesión. Mercacórdoba se ha dado de plazo hasta abril de 2011 para tratar de reflotarlo. Será en esa fecha cuando venza la encomienda del Ayuntamiento para hacerse cargo del matadero.

La UCO pide la cesión

Si no encuentra arrendatario, el matadero podría dejar de existir. Eso sí, «novias» no le faltan. La Universidad de Córdoba ha pedido al alcalde, Andrés Ocaña, su cesión para ampliar así las dependencias de la cercana Facultad de Derecho y Ciencias Económicas. El Ayuntamiento estudiará la viabilidad de esta operación.

Sin embargo, para quien era gerente del matadero hasta abril, José Gómez, el problema del matadero no es la falta de rentabilidad, sino que el Ayuntamiento tiene intención de desmantelarlo. De hecho, este empresario explica que «nosotros le pedimos prorrogar el contrato por cinco años, pero ni siquiera nos contestaron». «Nosotros lo veíamos rentable». Eso, a pesar de tener encima la espada de damocles de la Consejería de Salud, que le puso multas por el sistema de autocontrol.

La edil María Ángeles Luna replica que «no les renovamos el contrato porque jurídicamente era inviable -la encomienda expira en 2011- y nos habían pedido la exención del arrendamiento».